lunes, 26 de octubre de 2009

Propuesta de nuevos estatutos para la AABA

Tratando de cumplir con las propuestas que constituyeron nuestra plataforma electoral, quienes integramos el espacio denominado “Historia con Futuro”, que obtuviera el apoyo del 47% de los votantes el pasado 19 de mayo presentamos un proyecto de reforma integral de los Estatutos de la AABA cuyos principales puntos son los siguientes:
a) Respetar el tema de género, adecuando el lenguaje y las exigencias de presencia de ambos géneros en las listas de candidatos/as;
b) Establecer un criterio de representación proporcional –moderado por la preferencia a la lista que obtenga mayor cantidad de votos- en la integración de la Comisión Directiva.
c) Propiciar una distribución de cargos en Comisión Directiva que permita una mejor integración de las corrientes que concurran con listas a la renovación de autoridades
d) Rechazar de plano la posibilidad de reelecciones indefinidas de los integrantes de Comisión Directiva
e) Adjudicar la mayoría de cargos en la Comisión de Vigilancia a quien resulte minoría, dado que es un órgano de control.
f) Crear una Junta Electoral autónoma de la Comisión Directiva
g) Eliminar la intervención de la Comisión Directiva en el juzgamiento de temas de ética.
h) Integración de un Jurado de Ética constituido por socios/as vitalicios/as, designado por una mayoría especial
i) Agregar un cargo de Secretaría Académica en la Comisión Directiva
j) Aclarar el procedimiento de aceptación de las solicitudes de ingreso y los casos de regularización de deuda
k) Reglamentación genérica del funcionamiento de las Comisiones
l) Modificación del criterio de designación de sus autoridades
m) Concurrencia de una comisión interna por reunión de Comisión Directiva.
n) Modificaciones de índole técnica, que mejoran o actualizan el actual estatuto

Con este aporte pretendemos abrir una discusión entre todos/as los/as integrantes de nuestra querida Asociación y contribuir a que sea más inclusiva, democrática y participativa.

El proyecto fue elaborado en base a varias rondas de consultas, aportes muy valiosos de colegas de nuestro espacio y por consenso fue adoptado como una iniciativa de Historia con Futuro.

Eduardo Molina Quiroga – José María Pizzorno – Lucrecia Córdoba – Mabel Allegrone – Silvia Padlog – Eduardo Marfany Lastra – Gustavo Cultraro – Andrea Krawchik (vocales de CD).
Adhieren: Acebedo, Horacio; Acebedo, Verónica; Acosta, Verónica; Agostinelli, Erica; Aizenberg. Marisa; Alfonsín, Raúl Mariano; Antuña, Marcelo; Apfelbaum, Leticia; Azerrad, Marcos Edgardo; Balbi, Patricia; Barreiro, Marcelo; Bedini, Amelio; Bentancurt, Eugenia; Bersano, Marcelo; Bersten, Horacio; Bertolotti, Sabrina; Bettendorff, Lucas; Bianco, Gabriel; Binstein, Gabriel; Brodsky, Sergio; Brugo Marcó, Nina; Cabrera Rojas, Sandra Vanesa; Cammarota, Graciela; Cantacesso, Vito; Casanello, Norberto; Chiapparrone, Norma G.; Ciampa, Gustavo; Concepción, Javier; Correa, Juan Ignacio; Defferrari, Stella Maris; Degaudenzi, Fernando; Del Arbol, Mabel; Distéfano, Marcelo; Doz Peralta, Concepción; Dubois, Mario; Fernández Abad, María Inés; Ferrari, Luis; Filipelli, Gerardo; Finkelstein, Susana; Fiszman, Viviana; Flores, Silvia; Fodor, Sandra; García, Alejandra; Geller, Isabel; Glasserman, Susana; Godoy, Sara Laura; Gozaíni, Osvaldo; Harbi, Adriana; Heller, Mariano; Hernandez, Marcela; Hernández, Víctor; Iraizoz, Magdalena; Leonardi, Fabián; Lerner, Carlos O.; López Alfonsín, Marcelo; Martínez, Leandro; Mas Velez, Carlos; Mas Velez, Juan Pablo; Massri, Marcos; Matabacas, María Teresa; Mitelpunk, Ester ; Monner Sans, Alejo ; Monner Sans, Ramiro ; Mugnolo, Mariano ; Mutilva, Alicia S.; Nemirovsky, Renée; Paradiso, Valeria; Pascual, Alejandro; Pereyra, Alejandro; Perrupato, Alejandra; Rodríguez Centenaro, Verónica; Romero, Cecilia; Roncero, Javier; Rozenblum, Susana; Salviolo, Antonio P.; Segal, Ernesto; Sleiman, Julia; Spota, Alberto; Tambussi, Carlos; Thus, Valeria; Traficante, María Carmen; Truffat, E. Daniel; Van Marrewijk, María Gabriela; Vergara, Leandro; Viggiola, Lidia; Wanjrot, Rosa; Wanjrot, Rosa; Yalovetsky, Raúl; Yanibelli, Pablo; Zanetta, Juan Pablo; Zannoni, Pedro; Zoppi, Oscar y siguen las firmas …
Texto completo en http://www.aabahistoriayfuturo.com.ar/

miércoles, 21 de octubre de 2009

Otro objetivo logrado: Pedido de reforma de difusion juicios comerciales

A instancias de Historia con Futuro la AABA aprobó la declaración que se transcribe, que fue entregada a las autoridades de la Cámara Comercial el jueves 22 de octubre ppdo.
LA CAMARA COMERCIAL DEBE CAMBIAR EL METODO DE DIFUSION DE JUICIOS INICIADOS
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial difunde diariamente el listado de presentaciones efectuado ante su Mesa General receptora, sin perjuicio de otros tribunales provinciales que también observan prácticas similares.
El artículo 49 (ex 52) del Reglamento para la Justicia Nacional en lo Comercial dispone que los juicios iniciados, con la simple asignación de juzgado, pero sin siquiera haber sido radicados efectivamente, sean dados a publicidad. Ello permite que esta información se integre a las bases de datos en función de las cuales comercios, bancos y simples particulares adoptan decisiones de incidencia económica (inc. j) art.cit.).
La Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) el 06/06/2001 pidió a las autoridades de Superintendencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial la modificación de su Reglamento Interno, de modo que en los listados o informes que emita diariamente solo se informen los juicios que efectivamente han sido presentados en los juzgados asignados, o en su defecto, de continuar con la actual práctica, se consigne que "la información obrante en sus registros consiste exclusivamente en el nombre de las partes, objeto del juicio y monto del litigio, cuya solicitud de asignación de juez interviniente ha sido resuelta en la fecha, quedando a cargo de las empresas de bancos de datos y/o interesados la realización de la compulsa de las actuaciones para constatar el estado de las mismas", aclaración que debe ser obligatoriamente incluida en toda distribución o cesión de estos informes. Se agregó que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial debería requerir a los Juzgados Nacionales de Primera Instancia del fuero sobre la conclusión de las causas en trámite.
En esta declaración se expresó públicamente la preocupación de la AABA por “las consecuencias negativas que la utilización arbitraria de estos informes provoca en los derechos de consumidores y usuarios que ven restringido o vedado su acceso al crédito sobre la base de informes sobre acciones judiciales supuestamente iniciadas, que en numerosos casos, no revelan siquiera un incumplimiento cierto de obligaciones, lo que se contradice con los principios de calidad de los datos personales introducidos por la Ley 25.326".
La preocupación por el impacto de la información de origen judicial que se difunde por Internet, en un contenido por supuesto mucho más amplio que el de los informes de juicios patrimoniales, ha venido creciendo y motivó la realización de un seminario en Costa Rica, en julio de 2003. Como fruto de los trabajos y deliberaciones, se acuñaron las llamadas "Reglas de Heredia", o "Reglas mínimas para la difusión de información judicial en Internet".
Estas reglas han sido normativamente adoptadas para el tratamiento de los datos personales por los tribunales superiores de varias provincias (Rio Negro, Neuquen, Corrientes) y por la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de Justicia de las Provincias Argentinas y de la CABA para el desarrollo de la Base de Jurisprudencia de Montos Indemnizatorios por Daños Personales.
Entre esas recomendaciones se destaca, por la relación con este tema, la "regla 5", que sostiene que "Prevalecen los derechos de privacidad e intimidad, cuando se traten datos personales que se refieran a niños, niñas, adolescentes (menores) o incapaces; o asuntos familiares; o que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos; así como el tratamiento de los datos relativos a la salud o a la sexualidad; o victimas de violencia sexual o domestica; o cuando se trate de datos sensibles o de publicación restringida según cada legislación nacional aplicable o hayan sido así considerados en la jurisprudencia emanada de los órganos encargados de la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales. En este caso se considera conveniente que los datos personales de las partes, coadyuvantes, adherentes, terceros y testigos intervinientes, sean suprimidos, anonimizados o inicializados salvo que el interesado expresamente lo solicite y ello sea pertinente de acuerdo a la legislación.”
Cuando estas "reglas mínimas" definen los "datos personales" incluyen el "patrimonio" como uno de los elementos contemplados y por lo tanto debería merecer un cuidado especial.
El daño que puede provocar la difusión de datos judiciales negativos, aunque luego sean rectificados, suele ser de difícil reversión.
Según proponen la mayoría de los documentos internacionales sobre protección de datos personales especialmente la Directiva europea 46/95), los datos deben ser "adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a los fines para los que se recaben y para los que se traten posteriormente". Deben ser "exactos y, cuando sea necesario, actualizados, debiendo tomarse todas las medidas razonables para que los datos inexactos o incompletos, con respecto a los fines para los que fueron recogidos o para los que fueron tratados posteriormente, sean suprimidos o rectificados".
En la Argentina, la ley 25.326 ha reproducido este concepto del siguiente modo: “Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido” (art. 4º inciso 1) y “Los datos deben ser exactos y actualizarse en el caso de que ello fuere necesario” (art. 4º inciso 4).
Es importante destacar que los responsables del tratamiento, es decir la persona física o jurídica que gestiona u opera el procesamiento de la información, son quienes están encargados de garantizar el cumplimiento de estos principios de calidad. La LPDPA establece: “Los datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, deben ser suprimidos y sustituidos, o en su caso completados, por el responsable del archivo o base de datos cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información de que se trate, sin perjuicio de los derechos del titular establecidos en el artículo 16 de la presente ley” (art. 4º inciso 5)
Esta regla, de fundamental importancia en la estructura del sistema de protección de datos personales, ha sido expresamente reconocida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobretodo desde el año 2005, al resolver en un recurso de hecho sobre la información difundida por una empresa de informes crediticios ( [1] CSJN, 05/04/2005, "Martínez, Matilde Susana c/ Organización Veraz S.A.", LA LEY 2005-B, 743; RCyS 2005, 806; DJ 2005-1, 1020 y Fallos 328:797).
En dicha ocasión el máximo tribunal sostuvo que “De conformidad con los arts. 4, incs. 4º y 5º, 26 y 33 de la LPDPA, los datos registrados por las empresas que prestan servicios de información crediticia deben ser exactos y completos; vale decir, no es suficiente con que la información haya sido registrada y transmitida sin "arbitrariedad manifiesta", sino que tiene que ser precisa. En tal sentido, lo expresado en el art. 43 de la Constitución Nacional con relación al derecho del afectado en obtener la supresión o rectificación de toda información personal que incurra en "falsedad" debe ser interpretado conforme a los términos de la respectiva ley reglamentaria. Según ésta, no basta con que lo registrado como verdadero sea tal si, al tomar razón de los datos relevantes al objeto y finalidad del registro de manera incompleta, la información registrada comporta una representación falsa.”
Y agregó que "No basta con decir una parte de la verdad y con proceder a registrarla para quedar exento de responsabilidad, si la información registrada (por ser falsa o incompleta) afecta la intimidad, privacía, o la reputación de terceros (confr. Dun & Bradstreet v. Greenmoss Builders 472 U.S. 7439)."
Para ello tuvo en cuenta que "La empresa demandada goza de la libertad de informar, y satisfacer así el objeto comercial para el que fue creada y el interés de su clientela, o puede abstenerse de hacerlo. Pero si en provecho propio procede a registrar y comerciar con la información registrada sobre la actividad de los terceros, debe hacerlo en las condiciones legalmente exigidas, esto es, de manera exacta y completa y, de no ser así, rectificar o completar los datos personales de un modo que representen del modo más fielmente posible la imagen de aquellos respecto de quienes suministra información, máxime cuando no cuenta con el consentimiento de éstos."
La Corte insistió con este criterio pocos meses después (CSJN, 21/11/2006, "Di Nunzio, Daniel F. c/ The First National Bank of Boston y otros s/ hábeas data", LA LEY 2007-C, 131), en un caso en el que el cuestionamiento del actor estaba dirigido a aclarar que existía un estado litigioso sobre la deuda reportada por la empresa de informes crediticios. Entonces dijo que “no puede calificarse de "exacta" o "actualizada" una información que se limita a indicar, sin ninguna aclaración o salvedad, que la actora mantiene una deuda con una entidad bancaria, correspondiendo que esa información se actualice y complete a fin de que quede reflejado, del modo más preciso posible, el estado de litigiosidad suscitado respecto de los créditos a los que se ha hecho referencia. Agregó que no se advierte que la inclusión en la base de datos de la existencia de la querella penal aludida por la actora merezca objeciones, ya que los hechos allí investigados se relacionan de manera directa e inmediata "con datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito" (art. 26, ap. 1, de la LPDPA) de la actora, dado que ésta alega que ha sido víctima de una estafa en la operatoria del otorgamiento de los préstamos, y niega el carácter de deudora que le atribuye la entidad bancaria. Es decir, se trata de datos relevantes para los fines previstos por la ley que reglamenta la acción de habeas data, la cual, cabe recordarlo, tiene por objeto la protección de las personas a las que se refieren los datos, y no a las instituciones -públicas o privadas- que los registren o almacenen (Fallos: 321:1660)."
Como resulta fácil advertir, cuando la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial difunde su listado diario, está dando a publicidad asignaciones administrativas de tribunales, porque las demandas pueden presentarse hasta el tercer día, no presentarse nunca, ser rechazadas in límine, dejarse perimir, etc.
Sin embargo, esa información es tomada por empresas proveedoras de informes crediticios, bancos y otros sujetos, como información emanada de una fuente estatal, de acceso público irrestricto, y por lo tanto exenta del consentimiento previo del titular de los datos. En España, cuya ley fue el modelo de la Ley 25.326, la situación es distinta y se exige una notificación al presunto deudor, como requisito previo a la difusión del dato.
En síntesis, la modalidad vigente de publicidad de juicios de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial no se adecua a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales 25.326, y por lo tanto debe modificarse.
El 25 de abril de 2005, el entonces Consejero de la Magistratura por el estamento de los abogados, Dr. Beinus Szmuckler sostuvo en un informe dirigido al Presidente de dicho órgano,. Dr., Santiago Petracchi, con motivo de una audiencia pública temática convocada por dicho consejo para debatir un proyecto de Reglamento de la Información Judicial , lo siguiente
“En la actualidad se aplica el Art. 52 (hoy 49) inc. j) del Reglamento para la Justicia en lo Comercial, que dispone que diariamente se editen por orden alfabético listas de las demandas iniciadas con indicación de partes, objeto, Juzgado y Secretaría, que archivadas cronológicamente, sirven como libro general de asignaciones del fuero comercial y que “tales constancias (y las existentes en el sistema informático) serán públicas, con excepción de las medidas cautelares y diligencias preliminares que se editarán por separado manteniéndose reservadas”.
En aplicación de este principio de publicidad a ultranza, la Cámara Comercial suministra la información de nuevos juicios asignados a las empresas de informes de solvencia económica, las más conocidas de las cuales son Veraz, Veritas y Nosis.
La ley 25.326 de Protección de Datos Personales y Habeas Data, reglamentaria del artículo 43 párrafo 3° de la Constitución Nacional establece que “los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos con relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido” y que “deben ser exactos y actualizarse en el caso que ello fuere necesario”, así como que cuando “los datos sean total o parcialmente inexactos, o incompletos, deben ser suprimidos y sustituidos”, estableciendo expresamente que “en su caso (deben ser) completados por el responsable del archivo o base de datos, cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información de que se trate” (Art. 4 referido a “calidad de los datos”).
Como bien fue dicho en la audiencia el sistema de asignación de causas del fuero comercial infringe flagrantemente el principio de calidad de datos establecido en el artículo 4 de la ley
No puede ignorarse que la adjudicación de juzgados que se realiza tanto en la Cámaras Nacional de Apelaciones en lo Comercial y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil no constituye en todos los casos la efectiva iniciación de un juicio, dado que el peticionario de radicación tiene incluso un plazo de hasta tres días para presentar el escrito ante el tribunal asignado.
En el caso particular de los juicios ejecutivos es sabido que es modalidad de diversos estudios especializados en cobranzas iniciarlos paralelamente o como parte de una negociación y que en caso de arribarse a un convenio de pago la demanda directamente no es presentada al juzgado o en el caso que se haya iniciado el juicio se lo deja perimir.
También es sabido que los procedimientos administrativos e informáticos del Fuero Comercial no están en la actualidad en condiciones de actualizar el sistema de asignación de causas, de manera que este refleje su efectiva iniciación y posterior trámite
A pesar de lo cual la información es cedida a las empresas de informes de solvencia en este estado de “baja calidad” en los términos de la ley 25.326.
Es público y notorio, y ha sido fruto de numerosos fallos, el impacto negativo que produce en el crédito y en muchas relaciones negociales la difusión de estos informes, que como se ha dicho, son equívocos, ya que si bien provienen de una fuente judicial y de acceso público irrestricto, no necesariamente reflejan que haya sido iniciado un juicio, extremo que en no pocos casos tampoco llega a concretarse nunca.
No se afirma que los datos contenidos en el sistema de asignación de causas del Fuero Comercial sean de carácter privado, sino que la información incluida en esta base de datos es de pésima calidad en los términos de la ley 25.326, por lo tanto no puede ser cedida a terceros.
También es sabido que la información brindada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial no es verificada o corroborada por las empresas que suministran informes de solvencia patrimonial, que tampoco efectúan el seguimiento del estado de las causas, los derechos invocados, títulos en virtud de los cuales se acciona en caso de existir, o toda otra información que permita circunscribir debidamente en cada caso particular la calidad de los datos (ciertos, adecuados, pertinentes, no excesivos, actualizados y completos);
Muchas veces esa información parcial puede ser utilizada en perjuicio de los titulares de los datos, quienes no han sido previamente informados o deben asumir los costos de rectificar la información errónea, inadecuada, impertinente o desactualizada, e incluso accionar en defensa de sus derechos, o reclamando la reparación de los perjuicios sufridos.
Se produce una situación de desigualdad evidente frente al tratamiento que en casos similares establece la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que limita la publicidad de los juicios iniciados a las partes, sus letrados o a quienes sean autorizados expresamente;
También debe interpretarse correctamente el artículo 26 inciso 4°) de la Ley 25.326 cuando establece que “sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados”.
Esto exige evitar o limitar la difusión de informaciones que conduzcan a interpretaciones equívocas o ambiguas en la evaluación de la solvencia económico-financiera de las personas.
Es indudable que las características de los listados cuya emisión y publicidad autoriza el ya citado artículo 52 del Reglamento para la Justicia Nacional en lo Comercial son susceptibles de provocar errores y abusos que perjudican seriamente a numerosos usuarios y consumidores.
Entre los abusos impunes que ha generado esta publicidad inadecuada de la Cámara Comercial se debería señalar el accionar de personas que adquieren a entidades bancarias los derechos sobre carteras de presuntos deudores de saldos de cajas de ahorro de muy bajo monto, muchas de ellas cuentas bancarias laborales cuyo cierre omitió la empresa obligada a ello. Hacen asignar juzgado a la demanda, pero no la llevan al juzgado (con lo cual al no iniciarla efectivamente no pagan tasa de justicia ni bono del CPACF).
Pero con esta sola acción, la persona demandada queda incorporado a los listados de asignación del fuero y consecuentemente a las bases de datos de Veraz, Veritas, Nosis, etc. En la mayoría de los casos se enterará cuando pretenda hacer algún pequeño acto de contenido económico: aun para las operaciones de pequeño monto, ahora es habitual pedir un informe de solvencia. En muchos casos corrido por la urgencia para que lo saquen de Veraz, la persona terminara pagando una suma para la cual tendría defensas legítimas.
El fallo "Martínez, Matilde Susana c/ Organización Veraz S.A."
El fallo de la Corte Suprema de Justicia "Martínez, Matilde Susana c/ Organización Veraz S.A." del 05/04/2005 dice que los datos contenidos en los informes de información crediticia o solvencia comercial suministrados por empresas como Veraz, Veritas o Nosis deben ser de conformidad con los arts. 4, incs. 4º y 5º, 26 y 33 de la ley 25.326, o sea exactos y completos y precisos.
En otra parte el fallo dice que si estas empresas en provecho propio proceden a registrar y comerciar con la información registrada sobre la actividad de los terceros, deben hacerlo en las condiciones legalmente exigidas, esto es, de manera exacta y completa y, de no ser así, rectificar o completar los datos personales de un modo que representen del modo más fielmente posible la imagen de aquellos respecto de quienes suministra información, máxime cuando no cuenta con el consentimiento de éstos.
La actora del proceso de referencia inicio su acción exclusivamente contra Organización Veraz. Es importante recordarlo, puesto que el fallo de primera instancia (Juzgado Comercial N* 22), señalaba como uno de sus fundamentos de rechazo del amparo que “ 2) la acción debe deducirse contra los responsables de suministrar la información de que se trata; ...”
En igual sentido el dictamen fiscal deja sentado “… la peculiar integración conferida a la litis, desde que, en estricto, de ser inexacta la información suministrada por el Banco, contra él debió promoverse asimismo la acción”
Se debe destacar estos comentarios puesto que los responsables de la información suministrada por Organización Veraz son fundamentalmente dos: la Central de Deudores del Banco Central y el propio Poder Judicial, específicamente la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.“
Luego de casi 8 años del primer reclamo, y del conciso y fundado informe de 2005, la Cámara Comercial ha mantenido sin modiificaciones su método de difusión o publicidad de juicios comerciales, extremo que amerita efectuar un nuevo peido para que se introduzcan cambios que adecúen esta práctica de la Cámara Comercial al principio de calidad del dato consagrado en el art. 4º de la ley 25.326, interpretado con amplitud por la Corte Suprema de Justicia, en los casos “Martínez” y “Di Nunzio”, así como en posteriores fallos de la propia Cámara Comercial.

Por todo lo expuesto, la Asociación de Abogados de Buenos Aires manifiesta la urgente necesidad de:


1. Suspender la vigencia del inc.j) del ahora artículo 49 del Reglamento para la Justicia Nacional en lo Comercial
2. Limitar la difusión de los listados de procesos referidos al incumplimiento de obligaciones a los efectivamente radicados en los juzgados sorteados, una vez que ello sea informado a la Mesa General de Entradas.
3. Establecer que esta difusión sólo debe ser admitida cuando las empresas y personas que difunden estos listados se comprometan bajo declaración jurada que es de su conocimiento que existe una deuda cierta, vencida y exigible, que ha resultado impaga, y que llevarán a cabo una actividad razonable para poner en conocimiento de los concernidos la difusión de esta información, asumiendo expresamente la responsabilidad civil por la falsedad, inexactitud o caducidad del dato, de acuerdo a lo establecido en el art.4, Ley 25.326
4. Ordenar la exclusión de los listados para su publicidad de aquellos casos en los que exista un principio de prueba documental que aparentemente contradiga alguno de los requisitos anteriores.
5. Autorizar a las Cámaras de Apelaciones a suministrar listados de iniciación de causas de contenido exclusivamente patrimonial comercial, con las limitaciones antes mencionadas y solo en el caso que se encuentren implementados sistemas de seguimiento y actualización de causas que garanticen la calidad de la información suministrada, de acuerdo a lo establecido en la Ley 25.326 y la interpretación efectuada por la CSJN en los fallos mencionados.
6. Se adopten las medidas necesarias para dar de baja a las empresas y personas que reciben listados de juicios iniciados en la Cámara Comercial, cuando no cumplan con lo previsto en el art. 4º incisos 5 y 7 de la Ley 25.326.

Apoyo al tratamiento de ley regulatoria medicina prepaga

Finalmente la AABA aprobó la siguiente declaración, impulsada por nuestro bloque:
La Asociación de Abogados de Buenos Aires se ve en la necesidad de hacer pública su preocupación por la ostensible demora en el tratamiento, por parte de la Cámara de Senadores de la Nación, del Proyecto de Ley denominado “Marco Regulatorio de Medicina Prepaga”, ingresado a ese Cuerpo Legislativo el 28/08/2008 bajo el nº CD-62-08, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación.
Es ampliamente conocida la creciente litigiosidad y la cada vez más creciente inseguridad jurídica, que genera la ausencia de un régimen legal integral que regule los servicios médico-asistenciales prestados en nuestro país por empresas y entidades que integran lo que se ha dado en llamar el subsistema privado de salud, que involucra hoy, cerca de 3.200.000 personas. Dentro de ellas debe tenerse en especial consideración a quienes viven o se encuentran en situación de discapacidad, cuya vulnerabiliad es aún mayor.
El Derecho a la Salud es una parte sustancial de los Derechos Humanos, por lo que la morosidad señalada en esta cuestión, que amenaza con hacer perder estado parlamentario al proyecto, confronta abiertamente con el mandato constitucional consagrado en el artículo 75 inciso 23 de nuestra Ley Suprema, en cuanto demanda del Poder Legislativo acciones positivas en el marco de sus atribuciones, que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos en ella reconocidos.
Sin perjuicio del enriquecimiento que la discusión franca y transparente pueda aportar al proyecto legal, sólo la asunción plena de la responsabilidad legislativa plasmada en la consideración y en el debate en tiempo de este tema, constituye la única herramienta susceptible de saldar esta antigua deuda regulatoria.
Confiamos en que dicha responsabilidad será asumida sin retaceos por el Senado de la Nación, y en esa convicción abrimos como siempre las puertas de nuestra Asociación al intercambio de ideas y propuestas, comprometidas con los intereses fundamentales de la sociedad.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2009

miércoles, 7 de octubre de 2009

Proyecto de reforma de Estatutos de la AABA

Respondiendo a la convocatoria formulada por el sector ganador en las últimas elecciones realizadas en la AABA, y tratando de cumplir con las propuestas que constituyeron nuestra plataforma electoral, quienes integramos el espacio denominado “Historia con Futuro”, que obtuviera el apoyo del 47% de los votantes el pasado 19 de mayo presentamos el proyecto de reforma de los Estatutos de la AABA que integra la presente.
Las principales ideas que contiene esta propuesta de reforma integral son las siguientes:
a) Respetar el tema de género, adecuando el lenguaje y las exigencias de presencia de ambos géneros en las listas de candidatos/as;
b) Establecer un criterio de representación proporcional –moderado por la preferencia a la lista que obtenga mayor cantidad de votos- en la integración de la Comisión Directiva.
c) Propiciar una distribución de cargos en Comisión Directiva que permita una mejor integración de las corrientes que concurran con listas a la renovación de autoridades
d) Adjudicar la mayoría de cargos en la Comisión de Vigilancia a quien resulte minoría, dado que es un órgano de control.
d) Rechazo a la reelección indefinida de los cargos en Comisión Directiva
e) Crear una Junta Electoral autónoma de la Comisión Directiva
f) Eliminar la intervención de la Comisión Directiva en el juzgamiento de temas de ética.
g) Integración de un Jurado de Ética constituido por socios/as vitalicios/as, designado por una mayoría especial
h) Agregar un cargo de Secretaría Académica en la Comisión Directiva
i) Aclarar el procedimiento de aceptación de las solicitudes de ingreso y los casos de regularización de deuda
j) Reglamentación genérica del funcionamiento de las Comisiones
k) Modificación del criterio de designación de sus autoridades
l) Concurrencia de una comisión interna por reunión de Comisión Directiva.
m) Modificaciones de índole técnica, que mejoran o actualizan el actual estatuto

Esperamos que este aporte abra una discusión entre todos/as los/as integrantes de nuestra querida Asociación y contribuya a que sea más inclusiva, democrática y participativa.

Este proyecto ha sido elaborado en base a varias rondas de consultas, aportes muy valiosos de colegas de nuestro espacio y por consenso hemos resuelto presentarlo como una iniciativa de Historia con Futuro.

Por Historia con Futuro: Eduardo Molina Quiroga – José María Pizzorno – Lucrecia Córdoba – Mabel Allegrone – Silvia Padlog – Eduardo Marfany Lastra – Gustavo Cultraro – Andrea Krawchik.
TEXTO COMPLETO;
http://docs.google.com/Doc?docid=0AQlCESzOqNA2ZGRoMjR0eDdfMjVncXpod21jNA&hl=en

Propuesta de Historia Con Futuro Sobre Reforma Estatutos Aaba